Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español
Mientras la Asamblea Nacional reanuda el debate sobre el proyecto de ley de amnistía, familiares de presos políticos continúan una huelga de hambre en reclamo por la liberación de sus parientes, con la expectativa generada por las excarcelaciones anunciadas por el Gobierno desde inicios de enero y la promesa de que la legislación iba a ser aprobada la semana pasada.
La organización Foro Penal contabilizó hasta este jueves 448 excarcelaciones confirmadas con las familias, una cifra que aún no alcanza a los más de 600 presos políticos que según sus registros continúan detenidos.
Varios detenidos de alto perfil, como los activistas Javier Tarazona y Nélida Sánchez, salieron de prisión en las últimas semanas, pero otras figuras de renombre continúan esperando poder salir y reencontrarse con sus familias.
El teniente Igbert Marín Chaparro está detenido desde marzo de 2018 bajo acusaciones de liderar un complot contra el Gobierno. Es uno de los militares de más alto perfil considerado preso político.
A fines de 2022, el exjefe del Batallón Ayala de Fuerte Tiuna comenzó una huelga de hambre que duró 67 días en reclamo por sus condiciones de encarcelamiento.
Su hermana ha denunciado en redes sociales que sufrió torturas durante su reclusión en una sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta y asegura que es un caso “marcado por la arbitrariedad”.
Marín fue condenado a más de 7 años de cárcel por instigación a la rebelión. Recibió dos medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no fueron acatadas.
Emirlendris Benítez, de 45 años, es una comerciante que fue detenida en agosto de 2018 acusada de participar en un atentado contra el presidente Nicolás Maduro.
La ONG Amnistía Internacional denunció que fue vinculada “falsamente con actos de violencia” y señaló que “no existen pruebas” en su contra. Benítez ha negado los cargos, pero fue condenada a 30 años de prisión.
Amnistía también reportó que fue sometida a “brutales torturas” y “se interrumpió su embarazo sin su conocimiento ni consentimiento”.
El gendarme argentino Nahuel Gallo fue detenido en diciembre de 2024 cuando ingresaba en un paso terrestre a Venezuela para reencontrarse con su pareja y su hijo, que estaban desde hace siete meses en el país, según la denuncia que difundió la Cancillería de Argentina.
El canciller de Venezuela, Yván Gil, afirmó que el suboficial argentino “se quiso infiltrar” en el país. Gallo está acusado de presunta vinculación a acciones terroristas. Por su parte, la entonces ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, dijo que Gallo “no viajó en calidad de gendarme, sino como papá”.
En enero, la esposa de Gallo dijo a CNN que considera el caso de su marido como una desaparición forzada y expresó: “A mi marido nunca le permitieron la asistencia consular que ahora reclama Maduro”.
Las excarcelaciones están marcadas por varias restricciones y no implican una total libertad. En el caso de algunos opositores, la medida otorgada fue de casa por cárcel: salieron de prisión y pasaron a un arresto domiciliario.
El líder opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado, fue arrestado horas después de su excarcelación el 8 de febrero y posteriormente volvió a reunirse con su familia en su casa de Maracaibo. “Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos”, dijo en X el hijo del dirigente.
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