Por Natasha Chen, CNN

No hay forma de suavizar la realidad. Ya se dispone de los datos completos de 2025 y el mensaje es claro: los visitantes internacionales se mantuvieron alejados de Estados Unidos, con lo que se registró el primer descenso interanual real desde la pandemia de covid-19. La caída en el número de visitantes fue mayor que la registrada durante la recesión global de 2008.

En esta ocasión, la causa no fue una pandemia ni un colapso del mercado, sino un error humano. Los viajeros citan la retórica presidencial y las políticas que se manifiestan en conflictos sumamente públicos —tanto en sentido figurado como literal— como algunas de las razones para mantenerse al margen.

Cuatro millones menos de visitantes extranjeros llegaron a Estados Unidos en 2025 en comparación con 2024, y el gasto total disminuyó en más de US$ 8.000 millones.

Esto no es perjudicial únicamente para quienes trabajan en los sectores de servicios y turismo. El impacto de una disminución autoinfligida de visitantes internacionales de esta magnitud tiene repercusiones en la posición de Estados Unidos en el mundo, en su diplomacia de “poder blando” y en la economía en su conjunto.

CNN informó por primera vez el pasado mes de agosto sobre unas tendencias preocupantes que se han materializado en una caída del 5,5 % en el turismo internacional en 2025. Se trata del peor descenso interanual en dos décadas, con la excepción de la pandemia de 2020.

“Solíamos ser un país que otros deseaban emular. Esa narrativa ya no existe”, afirmó Juliette Kayyem, directora académica del Proyecto de Seguridad Nacional de la Escuela Kennedy de Harvard y analista sénior de seguridad nacional de CNN.

Kayyem explicó que el “poder blando” —ámbito en el que la fortaleza de Estados Unidos se refleja en algo más que su poderío militar— se está debilitando debido a la imagen distorsionada que se transmite a quienes se encuentran fuera del país: “Si hoy en día eres extranjero, lo que percibes de Estados Unidos es un gobierno disfuncional, redadas de ICE, estadounidenses muertos y delincuencia por doquier”.

Ante la llegada de un número significativamente menor de personas, afirmó: “El daño a largo plazo radica en que el mundo no conocerá a Estados Unidos… la narrativa actual sobre Estados Unidos lo presenta, en el mejor de los casos, como un país que no merece respeto y, en el peor, como una democracia que se tambalea”.

Más allá de las percepciones, existen también barreras prácticas recientes para los visitantes: la incertidumbre en torno a una propuesta de “tasa de integridad de visados” de US$ 250, los repuntes en los precios del combustible para aviones provocados por la guerra y la supresión de fondos a Brand USA, la única organización estadounidense dedicada a promocionar el turismo en el país ante audiencias internacionales. (Se presentaron proyectos de ley tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado para restablecer dicha financiación, pero ninguno de ellos ha prosperado hasta la fecha).

Adam Sacks, presidente de Tourism Economics, una empresa de análisis de datos sobre viajes, señaló que la propuesta de imponer tasas adicionales para visitar Estados Unidos, así como las guerras arancelarias, constituyen ejemplos de políticas de “ahorro mezquino y despilfarro mayor”; medidas que en teoría parecen generar mayores ingresos, pero que a la larga terminan costándole a Estados Unidos mucho más.

Las acciones emprendidas desde Washington han generado tal confusión —e incluso cierta animosidad— que Brand USA lanzó recientemente una campaña destinada a “fomentar la confianza de los viajeros” y desmentir la información errónea; entre otras aclaraciones, se precisó que la mencionada tasa de integridad de visados ​​aún no se está cobrando y que la propuesta de la administración Trump, consistente en exigir a ciertos visitantes su historial de redes sociales de los últimos

Por John Fritze, CNN

La Corte Suprema respaldó este martes a la administración Trump en una disputa de larga data sobre la libertad de expresión con jueces de inmigración, desestimando sumariamente un fallo de un tribunal inferior que, en la práctica, permitía que su demanda siguiera su curso.

“Los tribunales federales no son ‘comisiones itinerantes’, autorizadas para ‘salir cada día en busca de agravios que reparar’”, escribió la Corte en una opinión sin firma. El tribunal de apelaciones que tramitó el caso, señaló la Corte, “perdió de vista esos principios en esta ocasión”.

No se registraron votos discrepantes. El juez conservador Clarence Thomas redactó una opinión concurrente a la que se adhirió la jueza Amy Coney Barrett.

“Las leyes cambian solo cuando el Congreso las modifica, no cuando los jueces deciden que ya no cumplen con los propósitos del Congreso”, escribió Thomas.

El caso comenzó como una impugnación a una política de personal que exige a los jueces de inmigración obtener una aprobación previa antes de realizar declaraciones públicas. Un antiguo sindicato que representaba a los jueces —quienes forman parte del Departamento de Justicia— presentó una demanda ante un tribunal federal alegando que dicha política violaba su derecho a la libertad de expresión, amparada por la Primera Enmienda.

La cuestión que debía resolver la Corte Suprema era si los jueces de inmigración podían presentar su reclamación ante un tribunal federal o si, por el contrario, debían solicitar primero una revisión ante una agencia independiente de la función pública, organismo que habitualmente examina este tipo de reclamaciones por parte de los empleados federales. El Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito de EE.UU. puso en duda si dicha revisión interna seguía estando disponible, dado que la administración Trump había desmantelado esas agencias.

El tribunal de apelaciones ordenó a un tribunal de primera instancia que realizara una mayor investigación de los hechos; ante ello, la administración Trump apeló ante la Corte Suprema en diciembre. El caso llegó a la Corte Suprema el año pasado a través de la vía de urgencia. En aquella ocasión, los jueces fallaron a favor de los jueces de inmigración, permitiendo técnicamente que la demanda continuara, pero señalando al mismo tiempo que podrían intervenir si el tribunal de primera instancia ordenaba la fase de descubrimiento de pruebas.

Esa política —que comenzó durante el primer mandato del presidente Donald Trump y fue modificada durante la administración Biden— “prohíbe categóricamente” a los jueces “hablar públicamente, a título personal, sobre la inmigración y sobre la agencia que los emplea”, según expusieron ante la Corte Suprema los abogados del Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia.

Un tribunal federal de distrito falló a favor de la administración, dictaminando que las reclamaciones de los jueces debían ser revisadas por las agencias administrativas; sin embargo, el Cuarto Circuito ordenó que el tribunal de primera instancia realizara una revisión más exhaustiva.

El “principio fundamental” —señaló el tribunal de apelaciones— “de que unos organismos funcionales e independientes recibirían, revisarían y resolverían, en primera instancia, las impugnaciones a las medidas de personal adversas que afecten a los empleados federales cubiertos por la normativa, ha sido recientemente puesto en tela de juicio”.

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Por Valeria León, CNN en Español

A pocas semanas de que México reciba a millones de aficionados para la Copa del Mundo, autoridades sanitarias reforzaron sus planes de vigilancia epidemiológica y capacidad de respuesta médica ante posibles riesgos de salud.

El secretario de Salud de México, David Kershenobich, admitió que hay preocupación en torno al virus de ébola. Ante esta situación, el Gobierno emitió una alerta de viaje para personas que provengan de los países afectados por el brote de ébola.

El tema adquiere un componente particular para México, ya que la selección congoleña jugará este 23 de junio su segundo partido de la Copa del Mundo en el Estadio Guadalajara contra Colombia, tras tener su primer partido en Houston, Texas, el 17 de junio.

La selección de la República Democrática del Congo consiguió recientemente un histórico pase a la Copa del Mundo, en el estadio Guadalajara, marcando su primera clasificación en 52 años. El triunfo emocionó a miles en este país africano, que hoy enfrenta una dura realidad con el brote letal de ébola.

El brote de ébola afecta principalmente a la República Democrática del Congo, donde, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el contagio se propaga rápidamente.

“Existen varios factores que justifican la preocupación respecto al potencial de mayor propagación y muertes. En primer lugar, más allá de los casos confirmados, hay casi 600 casos sospechosos y 139 muertes sospechosas; esperamos que estas cifras sigan aumentando, dado el tiempo que el virus estuvo circulando antes de que se detectara el brote”, afirmó el Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS.

La Copa del Mundo movilizará a millones de personas entre continentes en uno de los eventos deportivos más grandes del planeta. Lo que obliga a reforzar protocolos de prevención y detección temprana.

“A diferencia de muchos brotes anteriores de ébola, causados ​​por el virus zaire, este brote es causado por el virus bundibugyo, para el cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados.”, indicó el director de la OMS este viernes.

Mauricio Rodríguez, vocero del programa de riesgos epidemiológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó la letalidad de este virus. Sin embargo, afirmó que su transmisión no es tan rápida ni contagiosa como lo fue en su momento el covid-19 o el sarampión, por ejemplo.

“El virus de ébola es un virus muy peligroso para la persona que tiene la enfermedad y, digamos, menos peligroso porque la transmisión no es tan fácil para que este virus se transmita. Se tiene que estar en contacto directo con los fluidos de la persona que está enferma durante la etapa de la enfermedad clínica”, explicó Rodríguez.

Funcionarios mexicanos insisten en que el enfoque de reforzamiento sanitario no está dirigido hacia un país específico sino hacia la vigilancia integral de riesgos epidemiológicos asociados con la movilidad internacional.

En Jalisco, estado que albergará cuatro de los trece partidos del Mundial que se disputarán en México, autoridades calculan que cerca de tres millones de visitantes llegarán durante la competencia.

“Debemos estar preparados, por ejemplo, para contingencias epidemiológicas. Para proteger tanto a la población del propio estado de Jalisco, como también a toda la población visitante”, dijo a CNN Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud de Jalisco.

La preparación incluye inversiones adicionales en infraestructura y capacidad médica.

Según autoridades estatales, alrededor de 70 millones de pesos (cerca de US$ 3.7 millones) han sido destinados al fortalecimiento de la respuesta sanitaria para el torneo.

Parte de esos recursos se utilizará para desplegar dos hospitales móviles, uno de ellos instalado cerca del Fan Festival, una zona donde autoridades estiman una asistencia de hasta 80.000 personas al día y aprox

Por John Fritze, CNN

Este martes, la Corte Suprema declinó escuchar una demanda presentada por Florida en la que se alegaba que California había violado las leyes federales de seguridad vial debido a su gestión de las licencias de conducir comerciales para ciudadanos extranjeros, desestimando así un caso que surgió a raíz de un accidente mortal de gran repercusión ocurrido el año pasado.

Florida demandó a California y a Washington, alegando que las leyes de “santuario” para inmigrantes de dichos estados permitían a los inmigrantes obtener licencias de conducir comerciales en contravención de la ley federal. California y Washington rechazaron enérgicamente dicha acusación, argumentando que los funcionarios de vehículos motorizados cumplen con las regulaciones federales y verifican la presencia legal de los solicitantes en los Estados Unidos antes de expedir una licencia.

La demanda de Florida se presentó en respuesta a un incidente en el que un conductor de camión, con licencia expedida en California, fue acusado de realizar un giro en U ilegal en una autopista situada a unas 50 millas al norte de West Palm Beach, accidente en el que perdieron la vida tres personas. El conductor, Harjinder Singh —originario de la India—, fue imputado con tres cargos estatales de homicidio vehicular, además de cargos por infracciones migratorias.

El accidente provocó un enfrentamiento entre el Departamento de Seguridad Nacional y el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, en torno a las políticas de expedición de licencias del estado. Tanto la administración Trump como el estado de Florida han acusado a Singh de encontrarse en el país de manera ilegal, si bien California ha declarado que revisó los documentos de autorización laboral de Singh y le realizó un examen de conocimientos —en inglés— para la obtención de una licencia de conducir no comercial.

“California y Washington… optaron por ignorar estos estándares y autorizar a inmigrantes ilegales —carentes de la capacitación adecuada o de la capacidad para leer las señales de tráfico— a conducir vehículos comerciales”, declaró ante la Corte Suprema el fiscal general de Florida, James Uthmeier (republicano), en el texto de la demanda.

California informó a la Corte Suprema que, si bien Singh reprobó inicialmente dicho examen, lo presentó nuevamente al día siguiente y lo aprobó.

Por su parte, Washington acusó a Florida de presentar ante la Corte Suprema un “montaje político, y no una demanda genuina”, y señaló que Uthmeier “anunció la presentación de la demanda en el programa de Sean Hannity”.

En su demanda, los funcionarios de Florida reconocen que “los hechos que rodean la expedición, por parte de California, de la licencia de conducir comercial (CDL) para no residentes en el presente caso resultan poco claros”. La administración Trump anunció el otoño pasado que impondría nuevos límites para “restringir drásticamente” la obtención de licencias de conducir comerciales por parte de personas ajenas a los Estados Unidos.

“El proceso para la emisión de estas licencias está absoluta y 100% roto”, declaró en septiembre el secretario de Transporte, Sean Duffy. “Se ha convertido en una amenaza para la seguridad pública y exige una actuación inmediata”.

Las denominadas licencias comerciales para “no domiciliados” permiten que personas que no son ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes obtengan un permiso para conducir vehículos, incluidos los grandes camiones de transporte. Estas licencias no se aplican a los ciudadanos mexicanos o canadienses, quienes están autorizados mediante un proceso diferente.

Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito emitieron votos particulares discrepando de la decisión del tribunal.

“El resultado de esta práctica —alega

By John Fritze, Devan Cole, CNN

(CNN) — The Supreme Court declined Tuesday to take up an appeal from the National Football League in a class action lawsuit from Brian Flores and other Black coaches who have claimed racial discrimination.

By passing on the appeal, the court’s decision leaves in place an appeals court ruling that allowed the lawsuit to go to trial and rejected an effort by the league to force Flores into arbitration.

Flores, who is currently the defense coordinator for the Minnesota Vikings, was previously a coach with the New England Patriots, the Miami Dolphins and the Pittsburgh Steelers. He sued the league in 2022, claiming systematic racism when it came to the hiring and promotion of Black coaches.

The NFL sought to force Flores and two other coaches into arbitration, an out-of-court legal process to resolve disputes viewed as less favorable to plaintiffs. But the New York-based 2nd US Circuit Court of Appeals in February balked at that effort, allowing Flores to take his claims against the league to court.

Justice Brett Kavanaugh dissented from the decision to not hear the case.

Flores won in the appeals court because of how the NFL structures its arbitration requirements: It designates the league commissioner, Roger Goodell, as the default arbitrator. The 2nd Circuit said that arrangement provided “for arbitration in name only.”

US Circuit Judge Jose Cabranes, nominated to the bench by President Bill Clinton, wrote that the NFL’s process “fails to bear even a passing resemblance” of traditional arbitration procedures.

“It contractually provides for no independent arbitral forum, no bilateral dispute resolution, and no procedure,” Cabranes wrote. Instead, he said, it “offends basic presumptions of our arbitration jurisprudence” by submitting Flores’ claims to the discretion of one of his opponents in the case, the NFL.

“An employer – whether a professional sports league, restaurant, retail store or otherwise – cannot force employees to arbitrate statutory employment discrimination claims before the employer’s own chief executive,” Flores’ attorneys told the Supreme Court.

But the NFL told the justices in its appeal that the appeals court ruling would give judges “free-floating discretion” to invalidate arbitration requirements based “solely on their subjective determinations” that some of the procedures are “unfair.” That, the NFL said, “undermines the very predictability and uniformity” that federal arbitration law requires.

The conservative Supreme Court has repeatedly beefed up the ability of companies to enforce arbitration agreements.

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