SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) – A jury found Angel Varela and Oscar Trujillo-Guttierez guilty of two counts of first-degree murder and two counts of premeditated and deliberate attempted murder, according to the Santa Barbara County District Attorney's Office.

The jury also found special circumstances that both men committed multiple acts of murder and the special allegation that Varela discharged a firearm causing death, according to the SBCDAO.

The jury found true that both men were part of the Carpas gang, committed the murders for the benefit of the gang and other gang-related special allegations, according to the SBCDAO.

The two men drove with a juvenile from Carpinteria to Santa Barbara before attacking a group with a firearm on the 1200 block of Liberty Street, killing two men and hurting two other men on Jan. 3, 2021, according to the SBCDAO.

Santa Barbara Police later investigated the case before the juvenile was prosecuted. After a 2024 trial, the court found true that the juvenile committed two counts of first-degree murder amd two counts of premeditated and deliberate attempted murder for the gang's benefit, according to the SBCDAO.

The jury found both Varela and Trujillo-Gutierrez guilty of assault likely to cause great bodily injury for an assault on September 19, 2022 while both men awaited trial in custody, according to the SBCDAO.

Sentencing is set for both men on March 24 at 1:30 p.m. where both men remain in custody without bail sentencing. Each man faces life in prison without possibility of parole, according to the SBCDAO.

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Por Clare Duffy, CNN

La empresa conjunta que adquiere los activos estadounidenses de TikTok se ha establecido formalmente y ha anunciado su equipo de liderazgo, según la compañía, un día antes de la fecha límite establecida por el presidente Donald Trump para que los activos estadounidenses de la aplicación sean escindidos por la empresa matriz china ByteDance.

El cierre de la transacción concluye un trabajo de años para asegurar el futuro a largo plazo de TikTok en Estados Unidos y abordar las inquietudes que la veían como un riesgo para la seguridad nacional.

“La empresa conjunta de mayoría estadounidense operará bajo salvaguardas definidas que protegen la seguridad nacional mediante protecciones integrales de datos, seguridad de algoritmos, moderación de contenido y garantías de software para los usuarios estadounidenses”, dijo el grupo en un comunicado el jueves.

La empresa conjunta estará dirigida por el CEO, Adam Presser, quien anteriormente lideró las gestiones de TikTok para asegurar los datos de los usuarios estadounidenses en Estados Unidos, y el director de Seguridad Will Farrell, quien estuvo a cargo de la privacidad y seguridad de la iniciativa.

Estará supervisada por una junta que incluye al CEO de TikTok US, Shou Chew; Kenneth Glueck, vicepresidente ejecutivo en la Oficina del Director Ejecutivo de Oracle; y representantes de la firma de inversiones Susquehanna International Group, la compañía de capital privado Silver Lake y la empresa de inversiones emiratí MGX, entre otros.

El Gobierno chino no se ha pronunciado directamente sobre la estructura final del acuerdo. CNN ha solicitado comentarios al Ministerio de Comercio de China.

La saga de TikTok en Estados Unidos comenzó cuando Trump, durante su primer mandato, prometió prohibir la aplicación. Se intensificó en 2024 cuando el entonces presidente Joe Biden firmó una ley que requería que la versión estadounidense de la aplicación fuera escindida de su empresa matriz, ByteDance, o fuera prohibida en Estados Unidos. Durante su segundo mandato, Trump ha retrasado repetidamente la aplicación de la ley mientras buscaba un acuerdo para transferir el control de las operaciones estadounidenses de la aplicación a propiedad estadounidense.

Cuando aprobó el acuerdo el otoño pasado, Trump dio a las partes hasta el 23 de enero para finalizar la transacción. TikTok firmó el acuerdo el mes pasado.

El acuerdo probablemente será una buena noticia para los más de 200 millones de usuarios estadounidenses de TikTok, muchos de los cuales dependen de la aplicación para entretenimiento, noticias y, en algunos casos, incluso su sustento.

El acuerdo transfirió el control de los datos de usuarios estadounidenses de TikTok y la mayoría de sus operaciones estadounidenses a una nueva empresa conjunta, de la cual el 50 % será propiedad de un consorcio de inversionistas compuesto por la empresa tecnológica Oracle, la firma de capital privado Silver Lake y la compañía de inversiones respaldada por Emiratos Árabes Unidos, MGX. Poco más del 30 % de la empresa conjunta será propiedad de “afiliados de ciertos inversionistas existentes en ByteDance”, y el 19,9 % será retenido por ByteDance, de acuerdo con un memorando que Chew envió a los empleados el mes pasado.

La nueva entidad planea volver a entrenar el algoritmo de TikTok con los datos de usuarios estadounidenses, y Oracle supervisará el almacenamiento de los datos de los estadounidenses. La empresa conjunta estadounidense también será responsable de la moderación de contenido para los usuarios estadounidenses. Sin embargo, la entidad global de TikTok controlada por ByteDance continuará gestionando el comercio electrónico, la publicidad y el marketing

Por Jimena De La Quintana, CNN en Español

La crisis que enfrenta el presidente José Jerí, un mandatario de 39 años con apenas tres meses en el Gobierno de Perú y que postea la mayoría de sus actividades oficiales en TikTok, escaló rápidamente durante los últimos días. Esta vez, los hechos que involucran al mandatario no se relacionan con un “despacho en la sombra”, como se denunció en la época del expresidente Pedro Castillo, o con los relojes Rolex que le “prestaron” a la expresidenta Dina Boluarte. En esta ocasión, la situación comenzó en un restaurante de comida china, un “chifa”, como se les conoce en Perú, por lo que algunos medios y usuarios de redes sociales han bautizado a este episodio como el “chifagate”.

Esta crisis empezó a cocinarse cuando medios de comunicación locales difundieron imágenes del presidente en las que se le ve, encapuchado, ingresando a un restaurante. Otra imagen lo muestra en una tienda de productos chinos usando lentes oscuros. Tras ello, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar al mandatario por posibles actos irregulares fuera de su agenda oficial.

Jerí ha querido salir al paso frente a los cuestionamientos. En un video difundido la madrugada del domingo, pidió disculpas por la forma en la que ingresó a estos lugares, pero negó alguna actividad ilegal. Y el miércoles, en una presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, dijo que ninguna de estas visitas fueron planificadas, sino “circunstanciales”, y reconoció haber estado con el dueño de esos lugares, un empresario chino que, según dijo, también tiene una empresa que mantiene una concesión con el Estado. Sin embargo, volvió a negar algún hecho ilícito.

Además, sobre otro empresario chino que, según denuncias de medios locales, ingresó al Palacio de Gobierno pese a ser investigado por diversos delitos y a tener detención domiciliaria, Jerí dijo, en una entrevista a un medio local, que este ciudadano era quien le servía la comida en el restaurante, que no tenía conocimiento de sus antecedentes judiciales y que nunca lo recibió en la casa gubernamental.

Las visitas de Jerí a estos locales subieron la temperatura en el Congreso donde, hasta este jueves, ya se habían presentado seis mociones de censura contra el mandatario. Para algunos abogados constitucionalistas, bastaría una censura para retirar a Jerí del cargo, dado que es el presidente del Parlamento en funciones de presidente de la República. Para otros expertos, en cambio, se necesitaría tramitar una moción de vacancia para apartarlo de la presidencia, como ocurrió en el caso de los expresidentes Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Jerí asumió la presidencia en octubre, tras la destitución de esta última.

Para Walter Gutiérrez, abogado y exdefensor del Pueblo, “desafortunadamente esta situación se da en un contexto de proceso electoral donde hay apetito político por sacar réditos” y donde “los políticos van a maximizar su ganancia política atacando al presidente” aunque, según dijo el exfuncionario a CNN, ello “no exculpa, exonera o aminora la enorme responsabilidad que tiene el presidente por los actos que ha cometido”.

Gutiérrez cree que no se conseguirán las firmas para convocar a una sesión plenaria extraordinaria para debatir y votar las mociones de censura presentadas contra Jerí. Dado que el Parlamento se encuentra en receso hasta marzo,

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) - In a joint deal, two neighboring addresses have been sold in downtown Santa Barbara.

The adjacent properties at 530 Chapala Street and 25 West Cota Street sold to an investor with the Hayes Commercial Group, representing the seller.

The two buildings went for $11.5 million dollars. Those involved in the deal have not been disclosed.
Formerly occupied by Honey Sciences the two buildings anchor the prominent corner location from Fig Street down Cota and wrap around to Chapala St.

One building has had upgrades but retained a facade that  dates back to the early 1900's.     
Another building has a Spanish style upgrade but was formerly a tire and automotive shop.

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VENTURA, Calif. (KEYT) – Ida Veronica Hernandez, 45, pled guilty to seven felony counts of grand theft and another felony count of filing a false or forged document after embezzling her former employer, according to the Ventura County District Attorney's Office.

Hernandez also admitted a special allegation that the losses exceeded $100,000 during her time employed as a bookkeeper for a Thousand Oaks medical practice, according to the VCDAO.

Hernandez had access to company bank accounts and financial records in her role as office manager between 2020 and 2021, according to the VCDAO.

Investigators found out that Hernandez used multiple fake names and employees to hide thefts into her own personal accounts, stealing at least $556,000 from the business, according to the VCDAO.

Hernandez also abruptly quit once the financial activity looked suspicious but not before attempting to deflect the activity to another coworker for her financial crimes, according to the VCDAO.

Hernandez fled during the case's investigation and committed similar thefts in Orange County that led to her arrest warrant being issued, according to the VCDAO.

Hernandez also committed financial crimes in Plano, Texas before she fled the state, and investigators eventually followed her across the country, according to the VCDAO.

Hernandez remains in custody on $600,000 bail and her pending sentencing is at 8:30 a.m. on February 20 this year.

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