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¿Qué implica la nueva política de ICE que permite entrar a casas sin orden judicial?

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Por Michael Williams

Con un memorando de Inmigración y Control de Aduanas que permite a los agentes entrar en casas sin una orden judicial, el Gobierno de Trump busca usurpar las salvaguardas consagradas en la Cuarta Enmienda y que han protegido las libertades civiles de los estadounidenses durante siglos, dijeron a CNN expertos en derecho constitucional y política de inmigración.

Incluso en una administración que siempre ha impulsado una visión expansiva de su autoridad policial, la directiva destaca por la manera en que desecha prohibiciones de larga data contra registros sin orden judicial en propiedades privadas, un concepto legal que precede la creación de Estados Unidos y es uno de los principios más fundamentales del país.

“La Carta de Derechos, pensábamos, eran las primeras 10 enmiendas”, dijo Mark Graber, experto en derecho constitucional y profesor de la Universidad de Maryland.

Con el memorando recién descubierto, dijo: “Supongo que ahora solo nos quedan nueve”.

Los funcionarios de inmigración normalmente buscaban arrestar a personas indocumentadas por dos medios: una orden judicial, que es firmada y autorizada por un juez, o una orden administrativa, que es firmada por personas que trabajan en el poder ejecutivo y están bajo la supervisión del presidente.

Una diferencia clave entre ambas es que las órdenes judiciales permiten a las autoridades entrar y registrar la casa de una persona o un área no pública de una empresa, mientras que las órdenes administrativas no lo permiten.

La mayoría de los arrestos migratorios se llevan a cabo bajo órdenes administrativas porque requieren un umbral más bajo para ser emitidas, y los funcionarios del Gobierno de Trump han expresado durante mucho tiempo frustraciones por las limitaciones que enfrentan los agentes al perseguir objetivos en propiedades privadas.

El memorando interno, que fue emitido en mayo de 2025, pero revelado por una denuncia de un informante y reportado por primera vez por Associated Press el miércoles, autoriza a los agentes de ICE a entrar por la fuerza en casas usando solo órdenes administrativas, eludiendo esencialmente a los árbitros neutrales e independientes que revisarían la evidencia antes de firmar una orden judicial.

Las órdenes administrativas son firmadas por agentes de ICE después de que un juez de inmigración ordena la deportación de un inmigrante indocumentado. Pero estos jueces de inmigración trabajan para el Departamento de Justicia a discreción de la secretaria de Justicia, y el Gobierno de Trump se refiere a ellos como “jueces de deportación”.

“Básicamente, es lo mismo que si estuvieras en el departamento de policía local, y el agente de policía que recoge la evidencia y te arresta luego redacta su propia orden para registrar tu casa porque piensa que tiene causa probable”, dijo Emmanuel Mauleón, profesor adjunto de Derecho en la Universidad de Minnesota.

“Es profundamente preocupante, porque no hay absolutamente ninguna salvaguarda ni responsabilidad incorporada en el sistema”, dijo.

La historia de la Cuarta Enmienda está repleta de ejemplos de agencias policiacas locales, estatales y federales que buscan desafiar o debilitar sus protecciones.

Pero este memorando, dijo Mauleón, “no es el tipo de erosión incremental que hemos visto a lo largo del tiempo”.

“Es lo que podrías considerar como cruzar el Rubicón”, dijo. “Es declarar que las protecciones fundamentales que todos los tribunales han reconocido hasta este punto simplemente no aplican al Departamento de Seguridad Nacional ni a las detenciones migratorias”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defendió la directiva en un comunicado en el que la portavoz Tricia McLaughlin dijo que las personas a quienes se les pre

‘F**k yourself’: Former MPD officer who was beaten during Jan. 6 riot tells GOP lawmaker

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Seated from right


CNN

By Holmes Lybrand

(CNN) — As Republican Rep. Troy Nehls attempted to place blame for the January 6, 2021, riot on Capitol Police officials and not on President Donald Trump, former Washington, DC, police officer Michael Fanone — who was severely beaten by protestors that day — interrupted with a cough and a quick message.

The incident occurred during a Thursday hearing where Jack Smith, the former special prosecutor who led two failed prosecutions against Trump, publicly testified before the House Judiciary Committee.

“I can tell you gentlemen, that the fault does not lie with Donald Trump,” Nehls, of Texas, said, addressing several law enforcement officers attending the hearing who responded to the riot that day.

Nehls said the fault of the attack lies with “the US Capitol leadership team.”

“We know they had the intelligence,” Nehls said before Fanone, after a loud cough, interrupted.

“F**k yourself,” Fanone, who was dragged out and beaten in a crowd of rioters during one of the most violent clashes that day, said loudly.

Nehls concluded: “There was going to be a high propensity for violence that day.”

Fanone sat in the audience during the hearing with three other officers deployed at the Capitol that day, Aquilino Gonell, Harry Dunn, and Daniel Hodges, each of whom have become Trump critics since the insurrection.

Smith, in his first public appearance before lawmakers, said he was “shocked” when he saw the attack on the Capitol.

He warned that there are potentially “catastrophic” ongoing threats to US democracy because of the failure to hold Trump accountable for his “criminal” attempts to overturn the 2020 election.

“If we don’t hold people to account when they commit crimes, it sends a message that those crimes are okay, that our society accepts that … it can endanger our election process, it can endanger election workers, and ultimately our democracy,” Smith said.

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Mientras Trump pone la mira en el petróleo de Venezuela, Rodríguez se mueve para cumplir sus demandas

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Por Sol Amaya y Michael Rios, CNN

Este jueves, los legisladores venezolanos respaldaron un plan que facilitaría la participación de empresas extranjeras en la industria petrolera del país, en el más reciente movimiento de Caracas para cumplir las demandas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante casi dos décadas, gran parte de la industria petrolera del país ha estado nacionalizada bajo la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), permitiendo a las compañías extranjeras operar solo en empresas mixtas limitadas con la firma pública.

De acuerdo con una reforma propuesta a la ley de hidrocarburos, anunciada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez la semana pasada, se permitiría a empresas extranjeras administrar campos petroleros “por su propio riesgo y costo”, indicó el legislador Orlando Camacho.

La Asamblea Nacional de Venezuela dio su respaldo inicial al proyecto de reforma este jueves, que ahora enfrentará una segunda ronda de debates antes de que pueda ser adoptado.

“El petróleo bajo tierra es inútil”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada. “¿De qué sirve decir que tenemos las mayores reservas de petróleo del planeta si las condiciones impiden un proceso acelerado hacia la producción, hacia el aumento de la producción petrolera? Debemos hacerlo y hacerlo ahora”.

Al abrir el acceso a las compañías petroleras de Estados Unidos, la medida cumpliría una de las principales demandas que el Gobierno de Trump ha hecho a Caracas tras la captura por fuerzas estadounidenses del presidente Nicolás Maduro a principios de este mes.

La Casa Blanca había anunciado previamente acuerdos entre Caracas y Washington para la venta de US$ 500 millones en crudo venezolano, y Rodríguez dijo el martes que Venezuela había recibido US$ 300 millones de esa suma.

En lo que pareció ser otro movimiento para cumplir con las demandas de Estados Unidos, los legisladores también respaldaron este jueves otra ley destinada a reforzar las protecciones legales para los negocios, uno de los temas que, según ejecutivos de empresas petroleras estadounidenses, han señalado a Trump como condición para invertir en el país.

Fuentes de la industria han dicho anteriormente a CNN que es poco probable que los ejecutivos petroleros de Estados Unidos se lancen de inmediato a Venezuela por múltiples razones, incluidas la seguridad y la incertidumbre sobre la situación política y económica del país.

“El interés por entrar en Venezuela en este momento es bastante bajo. No tenemos idea de cómo será el Gobierno allí”, dijo a CNN a principios de mes una fuente de la industria.

Venezuela tiene más reservas probadas de petróleo que cualquier país en el mundo. Sin embargo, las empresas petroleras dicen que para invertir en proyectos de perforación lejanos, necesitan confianza sobre cómo será el entorno operativo allí dentro de años, si no décadas.

Rodríguez también dijo en una reunión del Consejo Federal de Gobierno el miércoles que habría una consulta pública el 8 de marzo sobre planes para proyectos nacionales de infraestructura y mejoras de “servicios públicos esenciales”, como agua, electricidad y transporte.

Esa fecha, el Día Internacional de la Mujer, fue elegida “para que salgamos con el espíritu de nuestras mujeres, con el espíritu de nuestras guerreras”, dijo Rodríguez.

Este jueves, Trump ofreció una valoración positiva de la presidenta encargada cuando los reporteros le preguntaron si la dejaría permanecer en el poder.

“Pero hasta ahora ha demostrado un liderazgo muy fuerte, tengo que decirlo, y estamos importa

Christian Octavio Arreola charged with felony attempted murder of a police officer

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PORT HUENEME, Calif. (KEYT) – Christian Octavio Arreola has been charged with multiple felonies including the attempted murder of a police officer after a violent incident during a mental health response earlier this month.

Arreola is facing charges of attempted murder, assault on a peace officer, battery with injury on a peace office, and resisting an executive officer stated the Ventura County District Attorney's Office in a press release Thursday.

On Jan. 8, around 4:30 p.m., officers responded to a home to help Ventura County Behavioral Health personnel, including members of the Crisis Intervention Team, in contacting the 31-year-old Arreola detailed the Ventura County District Attorney's Office.

According to the Ventura County District Attorney's Office, officers and mental health professionals unsuccessfully tried multiple times to speak with Arreola and eventually, Arreola's father gave officers permission to enter the home.

Officers entered the residence and announced their presence when Arreola allegedly charged the officers, stabbing one in the left eye with a steel dental pick before repeatedly stabbing the same officer in the abdomen explained the Ventura County District Attorney's Office.

The officer's ballistic vest protected his body and he retreated as the other officer fired their firearm, hitting Arreola twice stated the Ventura County District Attorney's Office.

Both Arreola and the injured officer were transported from the scene to a local hospital for further medical treatment shared the Ventura County District Attorney's Office.

"This was an attack on a police officer who was responding to a mental health crisis and attempting to protect both the individual involved and the community," said District Attorney Nasarenko. "Violence against law enforcement officers will not be tolerated, and my office will aggressively prosecute those who commit these dangerous crimes."

Arreola made his first appearance on Wednesday, Jan. 21 and his arraignment was continued to Feb. 20, 2026.

He remains in custody without bail added the Ventura County District Attorney's Office.

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EE.UU. sanciona a cinco ciudadanos y empresas de Costa Rica por presuntamente formar una red para traficar cocaína

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Por Mauricio Torres, CNN en Español

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a cinco ciudadanos y cinco empresas de Costa Rica por presuntamente formar parte de una red dedicada a traficar grandes cantidades de cocaína y lavar dinero.

Las sanciones implican que los bienes de los involucrados que se encuentren en Estados Unidos quedarán congelados, así como que los ciudadanos estadounidenses tengan prohibido hacer negocios con ellos.

Mediante un comunicado, el Departamento señaló como líder de este entramado a Luis Manuel Picado Grijalba, alias “Shock”, un costarricense detenido en diciembre de 2024 en Reino Unido y quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento, “Shock” trabajaba de la mano con su hermano, Jordie Kevin Picado Grijalba, “Noni”, y con Tonny Alexander Peña Russell. “Noni” fue detenido en Costa Rica en agosto de 2025 y también enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, mientras que Peña Russell fue arrestado en 2024 en su país y es acusado de múltiples homicidios.

CNN busca contactar a los abogados de estas personas para saber cómo se declaran por los cargos en su contra.

El Departamento también sancionó a la esposa y a la suegra de “Shock” y a cinco empresas de diversos sectores, como la pesca, servicios de belleza e inversiones. Según el Gobierno de Estados Unidos, tanto las mujeres como las compañías se involucraron en el tráfico de cocaína a través de Costa Rica y en actividades de lavado de dinero.

“‘Shock’ y ‘Noni’ se consolidaron como dos de los traficantes de cocaína más prolíficos en Costa Rica gracias a su contacto directo con proveedores de cocaína en Colombia”, dijo el Departamento, que les atribuyó el control de rutas marítimas y almacenes de droga.

El Departamento también recordó que en noviembre del año pasado las autoridades de Costa Rica realizaron una gran operación contra la red de estos hombres, en la cual —tras despliegues en San José, la capital, y la localidad caribeña de Limón— se realizaron 30 arrestos y se decomisaron 14 toneladas de drogas, principalmente cocaína y marihuana.

Después de estas acciones, el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) dijo que se trató de un golpe histórico contra el crimen organizado en el país.

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