Por Valeria León, CNN en Español
La madrugada del 20 de enero de 2025, en Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte de México, el clima congelante no detenía al grupo de peticionarios de asilo formados en el puente fronterizo que conecta con El Paso, Texas. Ese era uno de los puntos donde serían procesados para ingresar legalmente a Estados Unidos a través de la aplicación móvil conocida como CBP One.
Margeli Tinoco, migrante colombiana, estaba en ese grupo. Con un gorro tejido trataba de atenuar el frío. En la fila, contó a CNN cómo cruzó México desde el estado de Chiapas, en el extremo sur del país. “Llegué a Tapachula, y desde ahí empecé a caminar y a caminar”, dijo.
Después de cinco meses, arribó a Ciudad Juárez, donde, como peticionaria de asilo y con su cita confirmada a través de CBP One, sería procesada en esa entrada.
“Quiero resguardar a mi familia, quiero cuidarme yo… Quiero paz”, dijo entonces mientras el cielo comenzaba a clarear.
Eran las horas previas al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos, en su segundo mandato. Aunque la expectativa —y también el temor— era grande entre los migrantes, muchos de ellos nunca imaginaron el golpe que recibirían pocas horas después de la toma de posesión del republicano. Una de las primeras decisiones tomadas por Trump ya como presidente fue cerrar, precisamente, la aplicación CBP One.
Los peticionarios de asilo que esperaban en esa fila recibieron un mensaje en sus celulares. Su cita había sido cancelada.
En el suelo, llorando y sin poder hablar, CNN encontró nuevamente a Margeli.
“¿Cómo te sientes?”, se le preguntó, a lo que la mujer no respondió con palabras, sino con una mirada sin fuerzas ni esperanza.
Al igual que ella, miles de personas quedaron varadas en la frontera.
La aplicación había sido habilitada durante la presidencia del demócrata Joe Biden, en enero de 2023, y desde entonces hasta noviembre de 2024, un total de 900.000 personas concretaron sus citas, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. En ese momento, 270.000 solicitantes estaban en fila y, para el grupo que esperaba desde la madrugada, tras un largo trayecto desde el sur de México, la noticia del cierre los derrumbó.
En los días posteriores, el Gobierno de México los colocó en refugios y, en oficinas gubernamentales, les proporcionaron comida e información sobre los pasos a seguir en el proceso.
“México los apoya para retornar a sus países”, prometía uno de los oficiales a cargo de la plática a extranjeros devastados y confundidos por la noticia.
“Lo veo de mal gusto que lo eliminen de un día para otro, sin hablar con las personas o tener contacto con esas personas que van a entrar al país. Somos personas sanas, no somos delincuentes. Venimos huyendo de un país por la situación que se presenta en Venezuela”, se quejaba uno de los peticionarios varados en Ciudad Juárez.
En esta ciudad fronteriza, el Gobierno de México construyó uno de los albergues más amplios, con capacidad para 3.000 personas. Las amenazas de una deportación masiva eran frecuentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum anunciaba preparativos ante un escenario así.
“Los consulados ya tienen más abogados para apoyarles. Que hablen al teléfono de los consulados porque van a estar apoyándolos frente a cualquier cosa. Y si deciden regresar a México o vienen a México, aquí son bien recibidos con los brazos abiertos. Aquí abrazamos a los mexicanos y a las mexicanas”, dijo la mandataria mexicana en conferencia de prensa la mañana del 20 de enero de 2025.
A un año de la llegada de Donald Trump al poder, una promesa de campaña se ha