Por Ella Nilsen y Kit Maher, CNN
El Gobierno de Trump revirtió este viernes décadas de una ley ambiental de larga data que protegía a las especies en peligro de extinción, abriendo hábitats sensibles de esas especies protegidas a la perforación, la minería, la agricultura y el desarrollo inmobiliario.
El cambio, finalizado por los Departamentos del Interior y de Comercio, redefine qué constituye “daño” a las especies en peligro de extinción y a sus hábitats bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA, por sus siglas en inglés) de 1973. Esa ley había prohibido durante años la “modificación o degradación del hábitat” porque podía dañar o matar a animales en peligro al afectar su capacidad para reproducirse y encontrar alimento o refugio. Esa definición de daño fue ratificada por la Corte Suprema de Estados Unidos en un fallo de 1995.
El Gobierno de Trump calificó la definición anterior de daño como “obsoleta” en un comunicado emitido este viernes, al argumentar que su medida “devuelve la interpretación de la ESA a su texto real y a su intención original, lo que pondrá fin a años de extralimitación federal”.
El secretario del Interior, Doug Burgum, dijo en un comunicado que el enfoque de la ley había “convertido la actividad rutinaria en una trampa regulatoria, elevó los costos que afectaron la vida de las personas y amplió la autoridad federal más allá de lo que el Congreso pretendía”.
“Durante años, las agencias federales abusaron de la ESA para obstaculizar el uso legal de la tierra y perjudicar a las familias y empresas estadounidenses”, añadió Burgum, al calificar la acción del Gobierno como una medida de “sentido común” que “sigue el estatuto que el Congreso realmente aprobó”.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, añadió en un comunicado que la nueva norma beneficiaría a los pescadores que sufrieron “regulaciones excesivamente amplias y onerosas”.
Un funcionario del Departamento del Interior dijo que la norma se publicará en el Registro Federal a principios de la próxima semana.
Grupos ambientalistas denunciaron la medida y dijeron que planeaban impugnar el cambio en los tribunales de manera inminente.
“Por primera vez, un Gobierno presidencial afirma que las especies protegidas por la Ley de Especies en Peligro de Extinción no deberían estar a salvo de la modificación del hábitat que destruye donde viven, crían a sus crías o buscan alimento”, dijo en un comunicado la abogada de Earthjustice Kristen Boyles. “No hay respaldo para la norma del Gobierno de Trump: no hay respaldo científico, no hay respaldo legal, no hay respaldo público”.
Los Departamentos del Interior y de Comercio insistieron en que aún se aplicarían protecciones “centrales” más limitadas para las especies en peligro, y añadieron que su definición de esa ley ambiental fundamental impediría “acciones que lesionen o maten directamente a la fauna silvestre incluida en la lista”.
Sin embargo, los grupos ambientalistas impugnarán esa definición más estrecha, al señalar el caso de la Corte Suprema de 1995, que ratificó la definición más amplia de daño, incluida la destrucción del hábitat. Pero si las impugnaciones legales a la reversión del Gobierno de Trump llegan nuevamente a la Corte Suprema, los ambientalistas se enfrentarán a un tribunal mucho más conservador.
“La pérdida de hábitat es la causa número uno de extinción”, dijo en un comunicado Gib Brogan, director senior de campañas en Oceana. “Cuando se eliminan las protecciones del hábitat, se elimina una de las salvaguardas más importantes de la ley”.
El Gobierno de Trump ha intentado recortar la Ley de Especies en Peligro de Extinción a lo largo del primer y segundo mandato del presidente Donald Trump, con distintos niveles de éxito.
A principios de este año, varios altos funcionarios de Trump, incluido Burgum, votaron para desmantelar regulaciones de larga data de