Renuncia Arreola a Mesa Directiva del Distrito Escolar de Somerton, busca puesto en el Consejo de San Luis

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Abigahil Padilla

SOMERTON, Ariz. (KYMA) – Una silla quedará vacante en la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Somerton al concluir el actual ciclo escolar, luego de que Luisa Arreola presentara oficialmente su renuncia durante una sesión realizada.

Durante la reunión, Arreola dio lectura a un comunicado en el que explicó los motivos de su salida y destacó el trabajo realizado durante su gestión dentro del distrito.

Entre las principales razones de su decisión, Arreola mencionó su participación en una iniciativa que busca promover una redistritación para que el este de San Luis pase a formar parte del Distrito Escolar de Gadsden y deje de pertenecer al Distrito Escolar de Somerton.

Además, expresó su desacuerdo con el paquete de bonos que el Distrito Escolar de Somerton pretende someter a votación, el cual implicaría un incremento en los impuestos para los residentes del distrito.

Actualmente, el Distrito Escolar de Somerton opera la escuela primaria Sun Valley en el este de San Luis y contempla la construcción de un nuevo plantel.

Sin embargo, Arreola considera que la distribución propuesta de los recursos provenientes del nuevo impuesto no beneficiaría de manera equitativa tanto a Somerton como a San Luis.

La ahora exintegrante de la Mesa Directiva fue electa en 2022 y su período concluía este mismo año. Durante su tiempo en el cargo aseguró haber impulsado apoyos para maestros y estudiantes, además de gestionar donaciones y recursos para el distrito.

Arreola también figura actualmente como candidata al City Council de San Luis, Arizona, en las próximas elecciones municipales, donde busca continuar trabajando en representación de la comunidad.

Por su parte, el superintendente Omar Durón afirmó que el Distrito Escolar de Somerton continúa fortalecido tanto en Somerton como en San Luis. Asimismo, aclaró que hasta el momento no existe una propuesta formal de redistritación y recordó que cualquier modificación territorial tendría que ser aprobada por los distritos escolares de Somerton y Gadsden.

En relación con el llamado a elección aprobado recientemente para la emisión de bonos de deuda, Durón explicó que el distrito busca obtener alrededor de 20 millones de dólares destinados a nueva construcción, mantenimiento, mejoras tecnológicas y seguridad escolar.

Añadió que un Comité Consultivo de Padres será el encargado de informar a la comunidad sobre los proyectos específicos y el impacto fiscal que tendría la propuesta.

El puesto que deja Arreola permanecerá en la boleta electoral de noviembre, mientras que la Oficina del Superintendente Escolar del Condado será la responsable de designar a una persona interina que concluya el período restante en la Mesa Directiva.

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Ex-judges mount bid to upend ‘unprecedentedly fraudulent’ Trump ‘anti-weaponization’ fund

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A banner depicting President Donald Trump is put up on the Department of Justice building in Washington

By Devan Cole, CNN

(CNN) — Nearly three dozen former federal judges appointed by presidents from both parties have joined a growing legal effort to upend the Trump administration’s newly created $1.776 billion fund for people who say they were wrongly targeted by the government in the past.

The retired jurists are asking a judge in Miami to reverse her decision last week dismissing an extraordinary lawsuit brought by President Donald Trump, one of his adult sons and the Trump Organization against the Internal Revenue Service that resulted in a settlement through which the controversial fund was created.

The 35 judges say the lawsuit, which had raised questions about whether it was legally sound given the fact that Trump was both a plaintiff and, as president, the head of the Executive Branch, in which the IRS defendants exists, “is itself a fraud on the court.”

The settlement in the case, the former judges say, “was not, and never will be, legally justified.” They pointed to the fact that the laws invoked by acting Attorney General Todd Blanche to establish the “Anti-Weaponization Fund” require “the existence of a legitimate litigation and not, as here, one that is collusive, feigned, or fraudulent.”

By reopening the case, the judges told US District Judge Kathleen Williams, an appointee of former President Barack Obama, that she can look into whether she “was deceived, including with respect to the existence of an underlying case or controversy and any purported arms-length negotiations undertaken to resolve it.”

Williams was set to look closely at whether had she the authority to oversee the lawsuit at all before she was abruptly informed last week that Trump no longer wanted to pursue it. As she agreed to formally close the case, the judge criticized the way in which the litigation had come to an end, zeroing in on the fact that such issues remained unresolved.

The Justice Department, she said at the time, had not “filed any documents ensuring that settlement was appropriate where there was an outstanding question as to whether an actual case or controversy existed.”

The coalition of judges accused Trump and the Justice Department, which represents the government in court, of using “a collusive lawsuit” to reach the settlement, which also includes a provision shielding Trump, his family and his business from being investigated by the government in the future over potential civil wrongdoing.

Among the group of judges are former members of the federal bench from across the ideological spectrum who served on both trial-level courts and appeals courts. One of them, former George H. W. Bush appointee Ursula Mancusi Ungaro, served for a time alongside Williams.

Also included is former Judge John Tinder, who was succeeded on a Chicago-based federal appeals court by now-Justice Amy Coney Barrett, and retired Judge Michael Luttig, a vocal Trump critic who was appointed to a Richmond-based appeals court by Bush.

“The unprecedentedly fraudulent scheme here more than warrants voiding the dismissal,” the judges wrote.

The judges’ request on Wednesday adds to a

¿Quién es Iván Cepeda, el candidato de Petro a las elecciones de 2026, y qué propone para llegar al poder?

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Por Sebastián Jiménez Valencia, CNN en Español

En la convulsa campaña electoral de Colombia, hasta finales de 2025 el senador Iván Cepeda no se proyectaba como el candidato fijo de la izquierda; no era el caballo del oficialismo para 2026. Pero desde que ganó la consulta de su partido ha dominado la campaña, incluso en sus propios términos: mucho evento de plaza pública, pocas entrevistas y cero debates. Es el candidato a vencer.

¿Cómo ascendió? Hubo un punto de quiebre que impulsó a este político extrañamente ajeno a las polémicas —en un país donde abundan—: el caso contra Álvaro Uribe. En julio de 2025, cuando una jueza declaró al expresidente culpable por fraude procesal y soborno a testigos (ya fue absuelto), Cepeda, quien fue víctima y testigo en ese juicio, se disparó como el precandidato favorito.

¿Quién es Cepeda, qué propone y por qué podría ser el sucesor de Gustavo Petro?

Cepeda tiene 63 años: nació el 24 de octubre de 1962, en Bogotá. Es senador del oficialista Pacto Histórico y acaba de ganar la consulta interna de ese partido para ser el candidato presidencial en 2026. Es hijo de Manuel Cepeda Vargas, congresista de la Unión Patriótica (el partido que surgió como brazo político de las FARC y el Partido Comunista tras los acuerdos de la guerrilla con el Gobierno en 1984) quien fue asesinado en 1994, y de Yira Castro, una dirigente comunista y exconcejal de Bogotá, fallecida en 1981. La muerte de Cepeda Vargas fue uno de los hechos del que ahora es reconocido en 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el exterminio de un movimiento político.

Y desde ese entonces Iván Cepeda mostró su carácter estoico de líder izquierda: se han vuelto famosas las imágenes de un joven Cepeda, entrevistado en la calle poco después de enterarse de la muerte de su padre, cuando iba de camino a la universidad. Ha sido el sello del senador, una voz con calma que, desde su ideología, hace un constante llamado a la justicia.

Cepeda estudió filosofía en la Universidad San Clemente de Ohrid, en Sofía, Bulgaria, y se especializó en derecho internacional humanitario en la Universidad Católica de Lyon, Francia. Está casado con Blanca del Pilar Rueda, funcionaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); tienen dos hijos.

La trayectoria política de Cepeda da cuenta de su activismo en un país hostil. Estuvo exiliado entre 1998 y 2004 en Europa tras amenazas por denunciar vínculos entre políticos y paramilitares. En 2003 fundó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). En 2010 fue elegido representante a la Cámara por Bogotá por el partido Polo Democrático, del que también fue miembro Gustavo Petro. Desde 2014 es senador de la República, reelegido en 2018 y 2022, ahora por el Pacto Histórico, el ahora partido que fue la coalición de los grupos de izquierda que llevó a Petro al poder en 2022.

En el Congreso, Cepeda ha sido copresidente de la Comisión de Paz y miembro de la Comisión Segunda del Senado. Fue facilitador del proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. También participó en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y fue colaborador en los acercamientos con el Clan del Golfo dentro de la política de “paz total” de Petro.

En su ejercicio legislativo, Cepeda ha denunciado públicamente casos de

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