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Por Uriel Blanco, CNN en Español

La ofensiva migratoria del segundo mandato presidencial de Donald Trump llegó para cambiarlo todo. Millones de vidas se han visto impactadas por las medidas del Gobierno federal en materia de inmigración. Las detenciones, las deportaciones, las separaciones familiares se han vuelto una constante en el último año.

Este escenario de miedo e incertidumbre, sin embargo, despertó en las comunidades —tanto inmigrantes como población en general— una nueva forma de organización y de hacer frente a la situación actual.

Ya sea a través de grandes redes de ayuda o a partir de asistencia particular, los inmigrantes impactados por la ofensiva migratoria federal han encontrado cierto alivio en situaciones apremiantes, como buscar ayuda legal, encontrar a un ser querido detenido o recibir alertas comunitarias para cuidarse de redadas.

Al inicio del actual mandato de Trump se acumularon cientos de detenciones y deportaciones.

Sin embargo, a partir de junio, el Gobierno inició una estrategia de reforzamiento en la aplicación de las leyes de inmigración en comunidades conocidas por ser hogar de inmigrantes.

El objetivo inicial: Los Ángeles, California. En los primeros días de junio, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) empezaron a realizar redadas de inmigración en la ciudad, lo que desencadenó protestas —algunas violentas — y el despliegue de la Guardia Nacional para contener las manifestaciones.

Desde entonces, el miedo no se ha ido, pero la comunidad inmigrante no tiene más opción que continuar con sus actividades para obtener un sustento de vida, según Jorge Mario Cabrera, director de Comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro de Los Ángeles.

En entrevista con CNN, Cabrera dijo que, según datos recabados por CHIRLA, entre 5.000 y 7.000 personas que han sido detenidas o deportadas en el área de Los Ángeles desde enero de este año.

Frente a esta situación, CHIRLA se ha organizado para brindar diferentes tipos de ayuda. Han llevado actividades diversas, desde religiosas (como la reciente celebración a la Virgen de Guadalupe en favor de los derechos de los inmigrantes) hasta culturales (como el “verano de la resistencia”, una iniciativa de 30 días para dar a conocer los derechos de los inmigrantes y estrategias de organización).

Asimismo, CHIRLA creó un fondo entre julio y agosto que recaudó US$ 800.000. Este dinero, indicó Cabrera, se utiliza únicamente para apoyar en el pago de fianzas de inmigrantes detenidos, que pueden llegar a más de US$ 20.000 (aunque la fianza mínima por ley es de US$ 1.500).

“Sin embargo, esos fondos ya casi están caducando, ya solamente quedan US$ 200.000. Con eso te digo que la necesidad ha sido tanta que esos fondos se han ido acabando poco a poco y, por lo tanto, se están buscando nuevas maneras de recaudación para asegurarse de que ese fondo continúe”, comentó.

En coalición con otras ONG, CHIRLA también entrega comida a inmigrantes y personas en general que lo necesitan, y ofrece “servicios legales de emergencia a muchas

By Fredreka Schouten, CNN

(CNN) — If you rely on postmarks when casting your ballot, filing your taxes or paying bills, a new US Postal Service rule makes it clear that you should plan ahead.

Postmarks – which include a date stamp from the USPS – can offer proof that a piece of mail, such as a ballot, was turned in by a legal deadline.

But the new rule, which went into effect last week, clarifies that a postmark does not “necessarily” reflect the date the USPS “first accepted possession” of the piece of mail.

That’s because most postmarks are applied at regional mail-processing hubs, and the USPS has undertaken a major overhaul that includes eliminating multiple daily trips between post office locations and those facilities.

As a result, people in some parts of the country – particularly in rural areas far away from regional processing hubs – can experience delays between dropping off their mail and having it postmarked.

The Postal Service said it has not changed its postmarking practices but issued the new rule to make clear to the public what a postmark denotes.

Voting by mail grew more widespread during the pandemic and made up about 30% of the turnout in the 2024 election, according to federal data. That’s down from a high of about 43% in 2020. Currently, 14 states – including the presidential battleground of Nevada – accept regular mailed ballots received after Election Day, provided they are postmarked on or before that day, according to the National Conference of State Legislatures.

The changes at the Postal Service – and the potential impact on mail ballots – come against the backdrop of President Donald Trump’s drive to sharply curtail mail-in voting. He has railed against the practice as rife with fraud, despite no evidence of widespread wrongdoing.

An executive order the president signed in March sought to mandate changes to mail-in balloting and other election practices, but has been blocked, in part, by the courts. In 2025, four states – Ka