Por John Fritze, CNN
Cuando hace unos años se estancó la investigación sobre el atraco a un banco en Virginia, la policía local recurrió a Google.
Las autoridades entregaron al gigante tecnológico una “orden de geocerca” (geofence warrant), que exigía a la empresa analizar los datos de ubicación de millones de personas para identificar a un puñado de individuos cuyos teléfonos móviles los situaban a menos de 300 metros del banco en el momento del atraco.
Con los datos en su poder, la policía resolvió el caso. Sin embargo, también desencadenó un desafío constitucional que ahora se encuentra ante la Corte Suprema.
Este lunes, los magistrados debatirán si estas órdenes de amplio alcance dirigidas a empresas tecnológicas en lugar de a sospechosos individuales son compatibles con la prohibición de registros irrazonables establecida en la Cuarta Enmienda.
En una época en la que los ciudadanos estadounidenses almacenan enormes cantidades de datos en línea, la decisión de la Corte podría facilitar a las fuerzas del orden la resolución de delitos, pero también exponer ante las autoridades vastos repositorios de información personal.
“Es algo de enorme trascendencia”, afirmó William McGeveran, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota y experto en derecho de privacidad de datos. “Las cuestiones que aquí se plantean son aplicables a cualquier tecnología digital que rastree su ubicación, lo cual abarca una gran cantidad de dispositivos y servicios”.
En Virginia, la policía sostiene que, en 2019, Okello Chatrie entregó una nota a un cajero bancario instándole a “entregar todo el efectivo” y exigiendo “al menos 100.000, así nadie saldrá herido y su familia quedará libre”. Inicialmente, la policía no logró identificar a ningún sospechoso. No obstante, los agentes observaron en las cámaras de seguridad que el autor utilizaba su teléfono antes de cometer el atraco. Fue entonces cuando solicitaron a Google los datos de ubicación.
Una vez identificado Chatrie, las autoridades ejecutaron órdenes de registro federales y hallaron en su dormitorio “notas de exigencia propias de un atraco”, cerca de US$ 100.000 en efectivo y una pistola de 9 mm. La policía afirma que Chatrie confesó haber cometido el atraco y, finalmente, fue condenado a más de 11 años de prisión.
Chatrie se declaró culpable bajo condición, reservándose el derecho a interponer un recurso de apelación en relación con la orden de geocerca. El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito con sede en Richmond falló en su contra, dictaminando que dicha orden no constituía un “registro” a los efectos de la Cuarta Enmienda. Al fin y al cabo, argumentó el tribunal, cuando las personas permiten que las empresas tecnológicas recopilen sus datos, por lo general lo hacen de manera voluntaria. Se trata de un argumento en el que el Departamento de Justicia, que defiende las órdenes judiciales, se apoya firmemente.
Chatrie “no tomó ninguna medida para proteger la confidencialidad de su ubicación, como pausar la función de Historial de Ubicaciones que tenía activada, o ajustar, desactivar o prescindir de su teléfono celular durante la comisión de su delito”, declaró ante la Corte Suprema el procurador general D. John Sauer.
Sin embargo, los abogados de Chatrie sostienen que esta lógica no es aplicable a su caso, en parte debido a un precedente establecido por la Corte Suprema en 2018. En aquel caso, Carpenter vs. Estados Unidos, una Corte dividida dictaminó que, por norma general, las fuerzas del orden deben demostrar la existencia de causa probable antes de acceder a los datos de las torres de telefonía celular para rastrear los movimientos de los sospechosos. Si las autoridades requieren una orden judicial para obtener datos de las torres de telefonía, argumentaron los abogados de Chatrie, entonces, con mayor razón, deben obtenerla para acceder a datos que resultan s