Por Sarah Owermohle, CNN
Cuando a un grupo de madres e influenciadoras de bienestar, incluida la nominada a directora general de Sanidad de EE.UU., Casey Means, se les pidió ir a la Casa Blanca este mes, algunas asumieron que unos pocos asesores escucharían sus preocupaciones sobre los riesgos para la salud de los herbicidas.
En cambio, se convirtió en una sesión de dos horas en una sala “repleta”, con la participación del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el propio presidente, que pasó brevemente por el encuentro, según Alex Clark, una influenciadora del movimiento “Make America Healthy Again” que asistió.
“Simplemente nos dejaron hablar; nos dejaron sacar todo lo que teníamos dentro”, dijo Clark, quien conduce “Culture Apothecary”, un pódcast del movimiento MAHA producido por Turning Point USA.
Clark y las llamadas “mamás MAHA” tenían mucho que plantear. Entre sus principales preocupaciones estaba el herbicida de uso común glifosato, así como los llamados a reducir su uso y evaluar su seguridad.
El lunes, la Corte Suprema de EE.UU. escuchará argumentos en un caso que podría definir una larga disputa sobre si uno de los herbicidas más utilizados en el país es seguro, un tema que se considera una prueba del poder real del movimiento Make America Healthy Again en Washington.
La demanda contra Bayer, fabricante de Roundup —nombre comercial del glifosato—, determinará si las personas pueden seguir demandando a la compañía por enfermedades presuntamente causadas por su producto.
Pero, independientemente del resultado del caso, que se espera para junio, la cuestión de limitar los pesticidas ha movilizado desde hace tiempo a la base del movimiento MAHA.
Se espera que cientos de manifestantes se congreguen frente al tribunal antes de la audiencia, donde más de 30 oradores buscarán impulsar mayores protecciones frente a los pesticidas.
DeWayne “Lee” Johnson, un encargado de mantenimiento de una escuela en San Francisco, tenía apenas 42 años cuando en 2014 le diagnosticaron un linfoma no Hodgkin terminal. Durante años había rociado el herbicida Roundup en las áreas que mantenía; en una ocasión, quedó empapado con el líquido después de que se rompiera el rociador que utilizaba. Tras eso, comenzó a presentar erupciones y lesiones en todo el cuerpo.
En 2018, Johnson obtuvo una indemnización histórica de US$ 289 millones contra Monsanto, fabricante de Roundup, que fue declarado responsable de su diagnóstico.
Quien lo ayudó a ganar fue Robert F. Kennedy Jr., entonces abogado ambientalista en California.
Tras apelaciones posteriores, la indemnización de Johnson se redujo a US$ 20,4 millones. Aun así, marcó la primera decisión en una serie de casos de responsabilidad presentados contra Monsanto, ahora propiedad de Bayer.
Aunque la empresa se ha comprometido desde entonces a pagar miles de millones de dólares por demandas en las que se le atribuyen daños a la salud —incluido un acuerdo propuesto de US$ 7.250 millones en febrero—, Bayer sostiene que Roundup es seguro y que sus supuestos vínculos con el cáncer no están comprobados. La compañía ha señalado la revisión del producto por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), cuyo etiquetado no menciona el cáncer.
El caso ante la Corte Suprema determinará si los estadounidenses pueden presentar más demandas contra Bayer. Los demandantes están encabezados por un hombre de Missouri que sostiene que desarrolló cáncer tras usar el producto de forma habitual.
“Es momento de que el sistema legal de EE.UU. establezca que las empresas no deben ser castigadas bajo leyes estatales por cumplir con los requisitos federales de etiquetado de advertencias”, dijo el director ejecutivo de Bayer, Bill Anderson, en un comunicado en enero, después de que el tribunal aceptara revisar el