By Liam Reilly, CNN

(CNN) — Gerald Rodriguez, the general manager of an NPR affiliate in rural Colorado, expected federal funding for public media to shrink. He didn’t expect it to disappear almost overnight.

“What we thought would happen is that they would just cut the funding a little bit,” Rodriguez told CNN. “But, no, they totally gutted it out completely. We didn’t expect that.”

His station, KRZA, is the only public radio station in Colorado’s San Luis Valley; the next closest station is in Colorado Springs, nearly three hours away.

With a staff of just two people — Rodriguez and one other colleague — the station provides local news and weather to residents across the rural region, including many who lack reliable internet access. During disasters, he added, the station often becomes a primary source of information.

That mission became much harder in July, when federal lawmakers clawed back funding for the Corporation for Public Broadcasting, eliminating roughly half of KRZA’s budget.

“It basically hurt all these little stations like us,” Rodriguez said. “We’re two people doing 100 jobs.”

Across the country, dozens of small public stations faced similarly steep cuts. Within weeks of the rescission bill’s passage, the nonprofit Public Media Company launched a “bridge fund” to help local stations survive the sudden loss of federal support.

As of late January, the bridge fund raised $66.5 million toward its $100 million goal. In December, the bridge fund disbursed $26 million, its first round of grants, which went to 74 organizations operating 186 stations that collectively serve about 30 million Americans.

Tim Isgitt, the organization’s chief executive, said the goal is to buy struggling stations time. “The opportunity here, to support these most vulnerable stations, is not only an opportunity to secure service for those communities but also an opportunity to shore up the whole network across the country,” he told CNN.

Philanthropy steps in

The fund quickly attracted support from major philanthropic organizations, including the Knight Foundation, the Ford Foundation and the MacArthur Foundation. In November, comedian John Oliver raised another $1.54 million for the fund through an auction that included a Bob Ross painting.

Erik Langner, the bridge fund’s executive director, said he has been encouraging stations to temper their long-term expectations.

“They have to make moves now, assuming that federal funding won’t come back,” Langner told CNN.

The impact of the cuts varies widely, he stressed. Some states, including New York and New Mexico, have expanded public media support, while others — including Florida and Indiana — have reduced or altogether eliminated state funding.

Other organizations have tried to ease the strain. In August, PBS Read more

Por Marisol Jimenez, CNN en Español

Kimi Pu tenía 5 años cuando comenzó a traducir para su papá. No lo hacía frente a una cámara, sino en espacios cotidianos donde el inglés era una barrera y ella, la única voz disponible. Aunque nació en Estados Unidos, aprendió pronto que cada palabra importaba. Un error podía afectar la seguridad de su familia.

“Creo que tenía como cinco años”, recuerda Kimi sobre el momento en que empezó a ayudar en casa. Lo que para otros niños era una actividad rutinaria, para ella implicaba cuidado, atención y responsabilidad.

Acaba de cumplir 10 años y vive en Arizona. En redes sociales recrea situaciones cotidianas (desde interacciones con clientes difíciles hasta visitas al dentista) enseñando no solo frases en inglés, sino también derechos y medidas de seguridad en contextos reales. Su papá, Nicolás Pi, creció en Guatemala hablando k’iche’ y luego español. El inglés llegó después, de manera fragmentada. Su disposición para aprender de su hija, con paciencia y humildad, es parte esencial de la historia.

“Esto no es nada nuevo, siempre me ha corregido”, recuerda Nicolás.

Pero detrás de esa dinámica familiar hay una realidad más amplia.

En uno de sus videos más comentados, Kimi interpreta a una severa oficial de tránsito que detiene a su padre.

“Yes!”, responde Nicolás automáticamente.

Ella frunce el ceño y pregunta en inglés: “Do you want to go to jail?”.

El padre duda.

“Jail? Yes, please”, contesta.

La escena provoca risa, pero encubre un riesgo real: errores de interpretación que, en muchos hogares, pueden generar consecuencias graves. Ese tipo de confusión, que en pantalla genera risa, es parte de una realidad mucho más extendida.

En Estados Unidos, millones de hogares incluyen al menos un adulto con dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés). Según datos del último censo, más de 25 millones de personas hablan inglés menos que “muy bien”, y en alrededor de 6 millones de hogares hay al menos un adulto con dominio limitado del idioma.

Entre la población migrante, la proporción es aún mayor. De acuerdo con el informe Five Key Facts About Immigrants with Limited English Proficiency, publicado en marzo de 2024 por la Fundación de la Familia Kaiser (KFF), el 47 % de los adultos inmigrantes en EE.UU. tiene dominio limitado del inglés. Los cinco idiomas más hablados entre quienes tienen LEP son español (63 %), chino (7 %), vietnamita (3 %), árabe (2 %) y tagalo (2 %).

El impacto es tangible. Más de la mitad (53 %) de las personas en situación de movilidad con LEP reporta haber enfrentado barreras lingüísticas en interacciones cotidianas. El 31 % señala que el idioma les ha dificultado acceder a servicios de salud; el 29 %, conseguir o mantener un empleo; el 25 %, solicitar asistencia pública; y el 22 %, reportar un crimen o pedir ayuda a la policía.

Es por esta razón que los videos de Kimi han conectado con audiencias diversas. En TikTok superan los 400.000 seguidores y acumulan millones de “me gusta”. En Instagram se presentan con la frase: “One family, two languages, thousands of smiles”. La frase que más repite Kimi resume su mensaje: “It’s OK. It’s a process”.

Para ella, crecer entre dos idiomas es parte de su identidad: “Es bonito porque hay dos idiomas en todas partes… hablo con mis amigos en inglés y con mis papás en español. Parte de mí ama enseñarle inglés a mi papá y otra parte también ama ayudar a mis papás”, cuenta.

La dinámica que Kimi

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Por Alexandra Skores, CNN

En 20 aeropuertos de Estados Unidos, la inspección de seguridad no está a cargo de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), sino de empresas privadas, y sus puntos de control no presentan largas filas.

Aeropuertos como el Internacional de San Francisco, el Internacional de Kansas City, el de Orlando Sanford y otras 17 instalaciones de menor tamaño participan en el Programa de Asociación para la Inspección (SPP) de la TSA, que emplea a contratistas en los puntos de control.

Estas empresas privadas han logrado evitar las ausencias masivas con las que luchan actualmente algunos aeropuertos que utilizan personal de la TSA, a consecuencia del cierre parcial del Gobierno.

“Estos 20 aeropuertos son totalmente ajenos al cierre del Gobierno”, dijo Sheldon Jacobson, profesor fundador de Ciencias de la Computación que analiza datos para mejorar la seguridad aérea.

“¿Le agobian las filas en el aeropuerto?”, preguntó en las redes sociales VMD Corp., empresa que gestiona los puntos de control en los aeropuertos internacionales de Kansas City y Orlando Sanford. “Los equipos profesionales de nuestros aeropuertos del SPP (Programa de Asociación para la Inspección) registran tiempos de espera inferiores a los 3 minutos”.

Tanto el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston como el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta han registrado esta semana tiempos de espera superiores a las dos horas, dado que más de un tercio de los empleados de la TSA en cada terminal no se presentó a trabajar.

Los inspectores empleados por el Gobierno llevan más de un mes sin recibir su salario, mientras el Congreso permanece estancado en un punto muerto respecto a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, debido a las discrepancias en torno a la reforma migratoria.

Sin embargo, este bloqueo no ha afectado a los inspectores que trabajan para empresas privadas.

“Todas las operaciones en los aeropuertos privatizados se desarrollan con normalidad, ya que seguimos pagando a nuestros empleados durante el cierre”, declaró Nat Carmack, de BOS Security, empresa encargada de la inspección de pasajeros en el Aeropuerto Regional de Tupelo, en Mississippi. “Nuestros empleados nunca han dejado de percibir su salario durante ninguno de los cierres del Gobierno”.

Carmack explicó que, si bien los empleados están recibiendo su pago, la empresa deberá asumir dicho gasto mientras espera que el Gobierno reabra sus operaciones y salde sus facturas pendientes.

“Para una pequeña empresa como la nuestra, esto supone una carga; no obstante, cubrimos esos gastos de nómina hasta que el Gobierno reabra y procese nuestras facturas”, señaló Carmack.

Todas las operaciones de seguridad en los aeropuertos privatizados permanecen bajo supervisión federal y deben cumplir con las mismas normativas que rigen para los agentes de la TSA. No obstante, estas empresas tienen la facultad de decidir cuántas personas contratar y cuál será su remuneración. Keith Jeffries es el exdirector federal de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y actual vicepresidente de K2 Security Screening Group. Dijo que los aeropuertos siempre tienen la opción de recurrir a empresas privadas para las labores de inspección, pero lo que ocurre en el punto de control permanece inalterable, independientemente de quién lo opere.

Los inspectores de seguridad de las empresas privadas “reciben el mismo tipo de capacitación que los de la TSA”, señaló Jeffries.

Los aeropuertos que experimentan problemas debido a la inasistencia del personal de la TSA durante el actual cierre parcial del Gobierno no pueden simplemente llamar a un contratista e incorporar empleados privados en cuestión de pocos días.

Para que un aeropuerto i