By Jennifer Hansler, Christian Sierra, CNN

(CNN) — Jeremy Carl, the Trump administration’s pick for a top State Department position, is unlikely to get the job after a bipartisan group of senators grilled him over his history of racist, sexist and reported antisemitic comments and posts.

Republican Sen. John Curtis of Utah said in a statement following the heated Senate Foreign Relations Committee confirmation hearing Thursday that he would not support Carl’s nomination for assistant secretary of state for international organizations.

“After reviewing his record and participating in today’s hearing, I do not believe that Jeremy Carl is the right person to represent our nation’s best interests in international forums, and I find his anti-Israel views and insensitive remarks about the Jewish people unbecoming of the position for which he has been nominated,” Curtis said.

The Republican’s opposition is likely to sink Carl’s nomination – if all Democrats on the committee also vote no, he will not have the votes to advance. Senate Minority Leader Chuck Schumer has also opposed his nomination.

A White House official told CNN on Thursday evening that Carl is still the nominee.

CNN’s KFile uncovered in September 2025 that Carl deleted thousands of social media posts, many demonstrating a history of inflammatory commentary – including incendiary posts about race, claims that “peaceful coexistence” with Democrats is impossible, and even a call for a political opponent to face the death penalty.

Carl also repeatedly wrote about the “Great Replacement,” a conspiracy theory that posits there is a plot to intentionally bring non-White immigrants into Western countries to “replace” White populations.

In his hearing Thursday, Carl was pressed on those past comments and others, including a 2024 podcast appearance in which he reportedly said, “Jews have often loved to play the victim,” and that “the Holocaust dominates so much of modern Jewish history,” according to Sen. Jeanne Shaheen, a New Hampshire Democrat.

Shaheen, the ranking member of the committee, said that since his nomination, Carl had “tweeted more than 850 times, appeared on five podcasts and repeated this language.”

“This is a pattern,” she said.

“It’s hard to understand how we can trust you if you can’t even restrain yourself during the period in which you’ve been nominated,” she told him.

Carl argued that he understands “the importance of restraint and conduct.”

“I unfortunately have to balance that with my current job which involves advocacy. I can’t, as I’ve explained, just totally put away my day job,” he said. Carl is a senior fellow at the Claremont Institute, a conservative think tank. He served as a former deputy assistant secretary at the Interior Department during President Donald Trump’s first term.

In an exchange with Democratic Sen. Cory Booker, Carl said he regretted some of his past comments about Jewish people.

“I made some comments in interviews about minimizing the effect of the Holocaust that were absolutely wrong. And I’m not going to sit here and defend them here,” he said.

However, pressed on whether he regretted comments he has made about other races, Carl said he was “echoing” Trump that “unity rather than diversity is a strength.”

Sen. Chris Murphy said that Carl’s nomination was “heartbreaking,” calling him “wildly unqualified” for the position. The Connecticut Democrat spent several minutes questioning Carl on views about “anti-White discrimination” and “the erasure of White culture.”

Carl struggled to answer Murphy’s questions on what constitutes “White culture,” but alluded to “mass immigration” erasing “common American culture” and saying that it “weakens us.”

Cu

Por Tami Luhby, CNN

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) podría verse afectado por un cierre parcial del Gobierno si el Congreso no financia la agencia antes del final del viernes. Sin embargo, casi todos los trabajadores del DHS seguirían en sus puestos, aunque muchos no recibirían pago hasta que termine la interrupción, y es probable que el público apenas note cambios.

El DHS es la última agencia federal que aún no cuenta con financiamiento para el resto del año fiscal 2026, que se extiende hasta el 30 de septiembre. Desde que terminó el cierre más largo de la historia a mediados de noviembre, los legisladores han aprobado una serie de proyectos de gasto para el resto del Gobierno.

El paquete más reciente, aprobado a finales de enero, solo financiaba al DHS por dos semanas para dar al Congreso más tiempo para negociar reformas en las operaciones de control migratorio de la agencia, una exigencia de los demócratas del Senado después de que agentes federales de inmigración abatieran a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis en enero.

La Casa Blanca presentó una oferta la noche del miércoles, que los demócratas están evaluando. Pero no está claro si podrán alcanzar un acuerdo antes de que expire el financiamiento del DHS.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo este miércoles que sería necesario otro proyecto de financiamiento a corto plazo, conocido como resolución continua, para mantener operativas las partes críticas del DHS. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, no ha indicado cómo procederán los demócratas.

El presidente Donald Trump no es ajeno a los cierres del Gobierno. También presidió uno durante su primer mandato, que duró 35 días y fue el más largo registrado hasta el estancamiento de 43 días del año pasado.

Esto es lo que se sabe sobre un cierre parcial que afecte al DHS:

Las muertes por disparos de Alex Pretti y Renee Nicole Good a manos de agentes de inmigración del DHS durante protestas en Minneapolis el mes pasado generaron una amplia indignación pública y llevaron a los demócratas del Senado a exigir reformas a cambio de su apoyo a un paquete para financiar otros departamentos federales.

Los demócratas han dicho que quieren restringir las patrullas itinerantes, endurecer los criterios para órdenes de registro y arresto, reforzar las políticas sobre el uso de la fuerza y exigir que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) usen cámaras corporales y se quiten las máscaras. Los republicanos se han opuesto a casi todos esos cambios y algunos han presionado para que los demócratas hagan concesiones, como tomar medidas más firmes contra las llamadas ciudades santuario.

Es posible que los demócratas no tengan mucho poder para restringir realmente las actividades de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) en caso de un cierre. Incluso durante una interrupción, ICE seguiría operando sus funciones principales, según han sostenido varios asesores del Congreso.

En general, más del 90 % de los 272.000 empleados del DHS continuarían trabajando durante la interrupción, de acuerdo con el plan de cierre de la agencia publicado en septiembre, que cubre los primeros cinco días de un estancamiento. Más del 93 % de los trabajadores de ICE y CBP permanecerían en sus puestos.

Solo unos 44.500 empleados seguirían recibiendo pago mediante otras asignaciones presupuestarias, según el plan. No obstante, la secretaria

Por Michael Williams

Mientras el “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, confirmaba este jueves el cese de las operaciones de refuerzo migratorio en el estado, la presión se trasladó a las autoridades locales. En una jornada marcada por la tensión, funcionarios estatales respondieron duras preguntas ante el Senado sobre las causas y decisiones que desencadenaron esta represión.

Esos funcionarios, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y el comisionado de correccionales del estado, Paul Schnell, a su vez criticaron al Gobierno de Trump por la forma en que se ha comportado en su estado.

El testimonio se tornó en discusiones a gritos entre Ellison y dos senadores republicanos que lo acusaron de contribuir a la violencia en Minnesota y sugirieron que debería ir a la cárcel por su papel en el escándalo de fraude de gran escala.

Más tarde, altos funcionarios de inmigración del Gobierno de Trump enfrentaron otra ronda de preguntas sobre las muertes del mes pasado de Alex Pretti y Renee Good y las tácticas de los agentes de inmigración que trabajan en sus agencias.

Aquí algunos puntos destacados de un día intenso en Washington y Minneapolis mientras se acerca la fecha límite de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional.

Homan, quien fue designado por el Gobierno para estar a cargo de las operaciones en Minneapolis después de que Pretti muriera el mes pasado, dijo durante una conferencia de prensa el jueves que el aumento en Minneapolis que comenzó a principios de diciembre pronto finalizaría.

“He propuesto, y el presidente Trump ha estado de acuerdo, que esta operación de aumento concluya”, dijo Homan.

En su punto máximo, alrededor de 3.000 agentes federales fueron desplegados como parte de la Operación Metro Surge en lo que fue la mayor operación de cumplimiento de inmigración en la historia del país. El aumento generó semanas de protestas, enfrentamientos tensos entre manifestantes y agentes, los las muertes de Pretti y Good por parte de agentes, e intentos por parte del Gobierno de retratar a ambos como terroristas que querían causar daño a las fuerzas del orden.

Homan dijo el jueves que permanecería una cantidad limitada de agentes.

El anuncio fue bien recibido por funcionarios demócratas, incluyendo al gobernador Tim Walz, el alcalde de Minneapolis Jacob Frey y legisladores tanto en el Congreso como en la legislatura estatal.

Walz dijo que el incremento causó graves daños económicos al estado y señaló que buscaría un reembolso.

“El gobierno federal necesita pagar por lo que rompieron aquí”, dijo Walz el jueves por la mañana. “No puedes romper las cosas y luego simplemente irte sin hacer algo al respecto”.

Y mientras Homan hablaba en Minneapolis, altos funcionarios de Minnesota que testificaban en Washington dijeron que el daño ya estaba hecho.

Testificando ante la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, Ellison dijo que el aumento “causó un daño real a nuestro estado”.

El fiscal general demócrata pidió a los miembros de la comisión que ejercieran sus poderes de supervisión para obligar a varias reformas dentro de las fuerzas del orden federales, incluyendo exigir que ICE proporcione documentación completa de los arrestos y detenciones realizados por sus agentes, permitir el acceso de supervisión a sus instalaciones de detención, y requerir que las investigaciones estatales y federales sobre las muertes de Good y Pretti se

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados y criminales en Colombia ha crecido “drásticamente” durante los últimos 10 años, mediante promesas de dinero, poder o protección que se utilizan para atraer a niños, niñas y adolescentes, advierte un informe de la organización no gubernamental International Crisis Group publicado este jueves.

La ONG señala que en 2016, cuando el Gobierno firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), había alrededor de 100 menores reclutados. Para 2024, sin embargo, la cifra había aumentado a cuando menos 620 casos y se estimaba que podían ser muchos más.

De acuerdo con el informe “Menores en el frente de batalla: detener el reclutamiento infantil en Colombia”, este incremento se debe a que, después de la firma del acuerdo de paz, el Estado no logró ocupar los espacios territoriales donde las FARC tenían presencia, lo que fue aprovechado por grupos armados y criminales que vieron una oportunidad para realizar actividades ilícitas y generar ganancias.

En este proceso, dice el documento, las agrupaciones buscaron maneras de engrosar sus filas y vieron que una vía sencilla para hacerlo era reclutar menores, en especial aquellos en contextos vulnerables, como comunidades migrantes, indígenas o de otras minorías.

A los menores en estas condiciones, agrega el informe, los grupos no necesitan sacarlos de sus casas por la fuerza. En cambio, pueden captarlos con ofertas que les resulten atractivas prometiéndoles acceso a dinero, estatus u otros beneficios.

“La forma más fácil, más barata, más eficaz para crecer en número de personas en las filas fue reclutar no solo mayores de edad, sino también niños y niñas”, dijo a CNN Elizabeth Dickinson, directora adjunta de International Crisis Group para América Latina y el Caribe.

Desde su perspectiva, este aumento de la presencia de menores en grupos armados o criminales es un reflejo de cómo se ha transformado el fenómeno de la violencia en Colombia durante la última década, así como un llamado a que las autoridades del país diseñen políticas que protejan a este sector.

“Hoy en día, ese reclutamiento de menores está en el centro de la organización del conflicto. Los grupos armados y criminales dependen de sus miembros menores de edad para controlar territorio y también para servir como escudos humanos para los comandantes de mayor rango”, dijo la especialista.

En tanto, el informe enfatiza que el reclutamiento infantil viola los derechos humanos de los menores y puede constituir un crimen de guerra.

El informe señala que los grupos armados y criminales operan con redes de reclutamiento bien organizadas, que llegan hasta los menores en sus escuelas o actividades recreativas o mediante videos y publicaciones en Facebook, TikTok u otras plataformas.

Dentro de esos espacios, dice el documento, los reclutadores buscan enganchar con falsas promesas de bienestar.

“Los grupos se han vuelto expertos en vender una imagen, un imaginario sobre su presencia, de acceso a riqueza, a motos, celulares, poder en las comunidades. Para las niñas, en muchos casos es escapar de un hogar donde hay abusos o donde los padres no están atentos a la niñez. Entonces, los grupos aprovechan la vulnerabilidad de los niños para venderles un cuento y, con eso, muchos salen de sus propias casas a buscar a los grupos para trabajar con ellos”, dijo Dickinson.

Una vez reclutados, expone el informe, los menores pueden ser destinados a diferentes tareas, como vigilar o hacer recados. En algunos casos, son llevados lejos de sus casas para inhibir que quieran escapar, mientras sus familiares generalmente prefieren no denunciar por miedo a sufrir

Análisis de Allison Morrow, CNN

Un nuevo informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York confirma lo que los economistas han advertido durante mucho tiempo: la carga de los aranceles recae casi por completo en las personas que viven en el país que los impone.

Ese simple hecho —ahora aprendido por la experiencia en el Estados Unidos del siglo XXI— es una lección de economía tan básica y fundamental como la oferta y la demanda. ¡Siempre ha sido así!

Las empresas y consumidores estadounidenses pagaron en 2025 casi el 90% de los impuestos de importación de 2025, según descubrió la sucursal de la Reserva Federal (Fed). Eso no es sorprendente: la Oficina Nacional de Investigación Económica y la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) encontraron prácticamente lo mismo.

Y aunque el informe de la Fed de Nueva York no desglosó la división entre empresas y consumidores, el informe de la CBO, publicado el miércoles, estimó que las empresas continuarían reduciendo ligeramente sus márgenes para compensar los costos adicionales, mientras que trasladarían la mayor parte de los gravámenes —un 70 %— a los consumidores. (¿Y los exportadores extranjeros que, según el presidente Donald Trump, pagarían la factura? Ellos están asumiendo alrededor del 5 %, estima la CBO).

En términos reales, los aranceles equivalieron a un aumento promedio de impuestos de US$ 1.000 por hogar en 2025, de acuerdo con la Fundación Fiscal no partidista.

Ahora bien, por un lado, estos son solo los típicos documentos académicos publicados por un montón de nerds, para un montón de nerds. La sabiduría colectiva de los economistas nunca le ha importado mucho a Trump cuando se trata de “la palabra más hermosa en el diccionario”, como una vez describió a los aranceles.

Pero los informes de la CBO y de la Fed de Nueva York llegaron justo cuando el cansancio por los aranceles está golpeando fuerte en Washington.

En una rara medida contra la agenda económica emblemática de Trump, seis republicanos de la Cámara se unieron a los demócratas el miércoles en una votación que efectivamente derogaría sus aranceles a Canadá. Los aranceles no serán derogados, eso sí, porque incluso si pasara en el Senado, Trump simplemente lo vetaría. Pero el rechazo de los propios miembros del partido de Trump no cayó bien en la Casa Blanca, como era de esperarse. Poco después de la votación, Trump respondió con una amenaza de “consecuencias” para “cualquier republicano” en el Congreso que vote contra los aranceles.

Mientras tanto, se espera en cualquier momento un fallo de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles de Trump, lo que podría poner toda su agenda patas arriba.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Y por supuesto, todo eso está ocurriendo mientras los estadounidenses de a pie se enfurecen por el costo de vida y cada vez más responsabilizan a Trump y a los republicanos. El mensaje de campaña de Trump de bajar los precios “el primer día” simplemente no se ha cumplido. (Excepto en algunos artículos como los huevos. En eso sí podemos darle el punto, en gran parte porque los agricultores trabajaron muy duro para erradicar la gripe aviar que estaba reduciendo el suministro de huevos y aumentando los precios).