Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, en primera discusión, un proyecto de ley de amnistía para presos políticos, anunciado la semana pasada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La iniciativa pasará ahora a consulta pública y posteriormente a una segunda discusión para ser aprobada.

El proyecto de ley excluye a las personas condenadas por violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, corrupción, tráfico de drogas y homicidio intencional, dijo el diputado chavista Jorge Arreaza al presentar el proyecto de ley.

Durante la sesión, Arreaza señaló que la iniciativa busca contribuir a la reconciliación nacional. “Nos obliga la patria a ser responsables, a sanar heridas, a reconocernos, a entendernos y a construir en conjunto los pasos y los caminos. Es una obligación ética de entreayudarnos y entresanarnos en este momento histórico”, dijo.

La organización no gubernamental Foro Penal calcula que en Venezuela permanecen encarceladas más de 600 personas por motivos políticos. Aunque la cifra ha disminuido en las últimas semanas luego de que el Gobierno anunciara la liberación de “un número importante de personas”, organizaciones civiles y familiares consideran que el ritmo de las excarcelaciones ha sido lento. Hasta el momento, se han registrado 383 ecarcelaciones, según Foro Penal, que insiste en la liberación de todos los detenidos.

Para el proceso de consulta pública, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, designó una comisión especial presidida por Arreaza e integrada por otros 18 diputados. Entre ellos figuran Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario Nicolás Maduro, y la exministra del Servicio Penitenciario Iris Varela. Rodríguez pidió “celeridad” en el trabajo de la comisión.

“No tenemos mucho tiempo”, aseguró el presidente de la Asamblea, hermano de la presidenta encargada, quien subrayó “la necesidad de sanación” del país. En ese sentido, exhortó a que la consulta sea “profunda” e incluya a quienes deseen aportar testimonios o propuestas, así como a familiares de personas privadas de libertad, a los propios detenidos y a “las víctimas de los crímenes que se han cometido en todos estos años”.

Tras años de crisis, unos 8 millones de venezolanos se han visto obligados a dejar el país. Organizaciones no gubernamentales y distintos actores políticos han considerado positiva la discusión de una amnistía, aunque insisten en que el debate sea abierto y que el texto incorpore las observaciones de la ciudadanía.

La iniciativa, aprobada por unanimidad en primera discusión, fue anunciada el pasado 30 de enero como una propuesta de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que —según explicó Delcy Rodríguez— pueda abarcar casos desde 1999 y servir como un puente de diálogo entre los actores políticos.

Rodríguez asumió la presidencia encargada tras la captura del mandatario Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos y solicitó que el proyecto fuera debatido con carácter de urgencia en la Asamblea Nacional.

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VENTURA COUNTY, Calif. (KEYT) – On Wednesday, local non-profit South Coast Habitat Restoration and the U.S. Forest Service officially announced the removal of four man-made creek barriers and the opening of two new bridges as part of a multi-million dollar restoration project at Wheeler Gorge.

The restorative project reconnected 13.3 miles of creek that have been isolated by the at-grade creek barriers for 48 years shared South Coast Habitat Restoration in a press release Thursday.

The project was a collaborative effort amongst Carpinteria-based South Coast Habitat Restoration, the Los Padres National Forest, the National Fish and Wildlife Foundation, the Wildlife Conservation Board, the California Department of Fish and Wildlife, and Patagonia.

The image below compares the former creek barrier on the left and the restored waterway beneath one of the two new bridges on the right.

"These improvements at Wheeler Gorge Campground serve both migrating fish and Forest visitor access. These bridges are an important investment in the ecology of the watershed and will facilitate recreation access for many years to come," explained District Ranger Marshall Alford with the Ojai Division of the Los Padres National Forest. "This kind of partnership and collaboration is a great example of how we can work together to maintain and improve these watersheds and Forest resources for current and future generations to explore and enjoy."

The former creek barriers allowed vehicles to access Wheeler Gorge Campground off Highway 33 and lies within the Los Padres National Forest while still letting waters run over the top.

According to the Los Padres National Forest, the creeks run through the campground in winter and spring and are usually dry in the summer.

Now, those waterways are restored to natural hydraulic conditions and are accessible to aquatic life moving upstream including the federally protected Steelhead trout which relies on access to freshwater locations as part of its spawning process. Something that sets it apart from other coastal rainbow trout.

The historic range of the coastal rainbow trout stretched from the Kuskokwim River in Alaska to Baja California and today, the species is the most widely-distributed native trout noted the California Department of Fish and Wildlife.

Por Phil Galewitz, Amanda Seitz y KFF Health News

La decisión del Gobierno de Trump de otorgar a los funcionarios de deportación acceso a los datos de Medicaid está poniendo a los hospitales y a los estados en una posición difícil, ya que deben considerar si alertan a los pacientes inmigrantes de que su información personal, incluyendo las direcciones de sus hogares, podría ser utilizada en esfuerzos para expulsarlos del país.

Advertir a los pacientes podría disuadirlos de inscribirse en un programa llamado Medicaid de Emergencia, a través del cual el Gobierno reembolsa a los hospitales el costo del tratamiento de emergencia para inmigrantes que no son elegibles para la cobertura estándar de Medicaid.

Pero si los hospitales no divulgan que la información de los pacientes se comparte con las autoridades federales, es posible que los pacientes no sepan que su cobertura médica los pone en riesgo de ser localizados por el ICE.

“Si los hospitales le dicen a las personas que su información de Medicaid de Emergencia será compartida con ICE, es previsible que muchos inmigrantes simplemente dejarían de recibir tratamiento médico de emergencia”, dijo Leonardo Cuello, profesor investigador en el Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown. “La mitad de los casos de Medicaid de Emergencia son para el parto de bebés ciudadanos estadounidenses. ¿Queremos que estas madres eviten el hospital cuando entran en trabajo de parto?”

Durante más de una década, los hospitales y los estados han asegurado a los pacientes que su información personal, incluidas sus direcciones y estatus migratorio, no sería compartida con funcionarios de inmigración cuando solicitan cobertura federal de atención médica. Un memorando de política de ICE de 2013 garantizaba que la agencia no usaría información de las solicitudes de cobertura médica para actividades de cumplimiento de la ley.

Pero eso cambió el año pasado, después de que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca y ordenó una de las represalias migratorias más agresivas en la historia reciente. Su Gobierno comenzó a canalizar datos de varias agencias gubernamentales al Departamento de Seguridad Nacional, incluida la información fiscal presentada ante el IRS.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, acordaron la primavera pasada dar a los funcionarios de ICE acceso directo a una base de datos de Medicaid que incluye direcciones y estatus de ciudadanía de los beneficiarios.

Veintidós estados, todos menos uno, gobernados por demócratas, demandaron para bloquear el acuerdo de intercambio de datos de Medicaid, que la administración no anunció formalmente hasta que un juez federal se lo ordenó el verano pasado. El juez falló en diciembre que en esos estados, ICE solo podría acceder a la información en la base de datos de Medicaid sobre personas en el país ilegalmente. KFF Health News contactó a más de una docena de hospitales y asociaciones hospitalarias en estados y ciudades que han sido objetivo de redadas de ICE. Muchos se negaron a comentar sobre si han actualizado sus políticas de divulgación tras la sentencia.

De los que respondieron, ninguno dijo que estén advirtiendo directamente a los p