Análisis por Brett H. McGurk
Poco después de mi llegada a Bagdad por primera vez en enero de 2004, los servicios de inteligencia estadounidenses interceptaron una carta de Ayman al-Zawahiri, lugarteniente de Osama bin Laden, dirigida a Abu Musab al-Zarqawi, líder de Al Qaeda en Iraq.
En la carta se hablaba del uso de la violencia despiadada para establecer un califato islámico, primero dentro de Iraq y, finalmente, en todo Medio Oriente.
“La mayor batalla del Islam en esta era se está librando ahora mismo”, escribió Zawahiri.
Estados Unidos dio a conocer la carta, pero pocos tomaron en serio la idea de que Al Qaeda pudiera hacerse con el control y gobernar un territorio en el corazón del mundo árabe.
Diez años después, regresé a Bagdad cuando el sucesor de Zarqawi, Abu Bakr al-Baghdadi, conquistó la segunda ciudad más grande de Iraq y proclamó un califato que abarcaba un territorio del tamaño de Indiana, con millones de personas viviendo bajo su dominio.
Pasamos la siguiente década desmantelándolo.
La lección me quedó grabada: cuando los líderes declaran abiertamente objetivos ideológicos a largo plazo y demuestran repetidamente su disposición a usar la violencia para lograrlos, hay que tomarlos en serio.
Esa lección se aplica también a Irán.
Durante casi cinco décadas, los presidentes estadounidenses de ambos partidos han abordado a Irán con diversas combinaciones de diplomacia, sanciones, disuasión y fuerza militar.
Sin embargo, el conflicto entre Estados Unidos y la República Islámica persiste porque el principal motor del comportamiento iraní se ha mantenido notablemente constante: la ideología revolucionaria de la propia República Islámica.
El debate en Washington suele centrarse en las tácticas.
Los demócratas tienden a priorizar la diplomacia y citan el acuerdo nuclear de 2015 entre el presidente Barack Obama y Teherán como el mejor mecanismo disponible para frenar las ambiciones nucleares de Irán y evitar la guerra.
Los republicanos, por su parte, suelen favorecer las campañas de “máxima presión” y la disuasión militar, argumentando que Irán se aprovecha de los acuerdos diplomáticos mientras continúa su agresión regional.
Ambos argumentos contienen elementos de verdad. Ninguno explica completamente la continuidad del problema.
El denominador común no son los cambios en la coyuntura política de Washington, sino más bien la naturaleza perdurable del régimen iraní y los objetivos arraigados en la República Islámica desde 1979.
Nada de lo que, según se informa, el presidente Donald Trump está discutiendo ahora con Irán —un acuerdo transaccional para reabrir el estrecho de Ormuz y tal vez imponer nuevos límites nucleares— alteraría lo que ha sido un rumbo fijo durante 47 años.
La constitución iraní asigna al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) no solo un papel militar defensivo, sino lo que denomina una “misión ideológica de yihad en nombre de Dios”.
Durante décadas, la dirigencia revolucionaria iraní ha interpretado esa misión como la extensión de la influencia iraní por todo Medio Oriente, la expulsión de Estados Unidos de la región y el apoyo a movimientos armados comprometidos con la destrucción de Israel.
Esos objetivos han trascendido a los presidentes estadounidenses e iraníes, las crisis económicas, las campañas de sanciones y las aperturas diplomáticas.
La toma de rehenes, el terrorismo y la guerra por delegación que ha caracterizado la relación de Irán con Estados Unidos desde la toma de la embajada estadounidense en Teherán en 1979 explican el patrón de ataques.
También lo explican la inversión constante de Irán en organizaciones militantes de toda la región, como Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica Palestina, las milicias iraquíes y los hutíes.
La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) fue diseñada